Frente a una tragedia como la que asola el entorno de San Juan de la Peña, la prioridad absoluta es y debe ser la protección de la vida, de los pueblos y de un legado histórico irremplazable. En estos momentos de angustia, el esfuerzo incondicional de vecinos, bomberos, brigadas, la UME, la Guardia Civil, Protección Civil y el personal técnico merece un reconocimiento unánime. Sin embargo, cuando la emergencia comience a ceder, surgirán preguntas ineludibles que el Gobierno de Aragón no podrá esquivar.
La alcaldesa de Santa Cruz de la Serós ha denunciado en la Cadena SER que los pueblos se han sentido desprotegidos mientras se concentraban esfuerzos en la defensa del monasterio. No cuestiona el valor de San Juan de la Peña; recuerda algo tan evidente como que, sin vecinos, los monumentos pierden buena parte de su sentido. Y aquí está, para nosotras, la cuestión de fondo.
En 2014 el propio Gobierno de Aragón aprobó el Plan de Protección del Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel, que ya contemplaba expresamente la necesidad de un protocolo de emergencias y evacuación con especial atención a los incendios forestales. Ha pasado más de una década desde entonces.
¿Ese protocolo estaba realmente desarrollado, actualizado, coordinado y ensayado? Porque si lo estaba, cuesta entender por qué la evacuación del patrimonio tuvo que hacerse cuando el fuego ya estaba en las inmediaciones del monasterio. Y si no lo estaba, la pregunta es todavía más incómoda: ¿qué se ha hecho durante estos doce años?
Las imágenes del rescate de algunos bienes del Monasterio Viejo no son el testimonio de un logro del Gobierno de Aragón. Al contrario, sólo hacen que plantear importantes preguntas acerca de la gestión del Departamento de Cultura y Patrimonio y la versión que se ha contado. ¿Cuándo se activaron los protocolos para evacuar las obras? ¿Por qué se esperó hasta un punto que, manifiestamente, puso en riesgo a los técnicos de la UME y a los propios bienes? ¿Cómo se decidió lo que se debía salvar y lo que se quedaba en el Monasterio, ante la amenaza real de que ardiese? El meritorio rescate en el que muchas personas se enfrentaron con valentía a una situación límite fue la consecuencia de una planificación más que discutible por parte de los responsables políticos que tienen las competencias en la materia.
Proteger San Juan de la Peña era una obligación. Proteger Santa Cruz de la Serós y al resto de los pueblos amenazados, también. No deberían ser prioridades enfrentadas. Cuando termine esta tragedia habrá que explicar qué estaba previsto, qué se activó, cuándo se hizo y qué falló. No para buscar culpables fáciles, sino para saber si hemos aprendido algo.
Porque el patrimonio no se protege cuando el fuego está a las puertas. Se protege antes, con planificación, protocolos y medios preparados. Y si esa planificación existía, el Gobierno de Aragón tendrá que explicar por qué las cosas acabaron haciéndose así. Y si no existía, tendrá que explicar algo todavía más grave: por qué no existía.