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DECLARACIÓN DE LA CUMBRE SOCIAL ARAGONESA

CELEBRADA EN ZARAGOZA, EL 26 DE JULIO DE 2012.

Cuando en la segunda mitad de 2008, la economía productiva de Estados Unidos y Europa se empieza a contagiar del enorme fraude iniciado en el sistema bancario norteamericano con la emisión de unos sofisticados productos financieros por valor de billones de dólares, los dirigentes políticos europeos no se pusieron de acuerdo sobre el impacto de la crisis. Unos negaron reiteradamente que la crisis financiera llegara a adquirir la dimensión de crisis económica y productiva internacional; otros agitaron en sus respectivos países el deterioro de los grandes indicadores macroeconómicos para arremeter contra sus adversarios políticos en el Gobierno y acusarles de incapacidad e insolvencia. Reclamaron desde la oposición las conquistas del Estado de bienestar y proclamaron solemnemente su compromiso con los derechos sociales y laborales.

Unos y otros desoyeron las iniciativas de voces autorizadas de la economía y fundamentalmente del movimiento sindical, exigiendo otra política para salir de la crisis y medidas para la reactivación económica, el empleo y la cohesión social. Después de vagas promesas de inversión pública dirigida a activar la creación de empleo, los mandatarios de todo el mundo abrazaron la misma política que había provocado la crisis: fuerte desregulación de derechos, incompatibilidad entre el Estado social y el equilibrio de las cuentas públicas, y máxima prioridad para contener el déficit en el menor tiempo posible. Tras cuatro años de liberalismo en estado puro el resultado no admite dudas: más crisis, más recesión, más desempleo, menos cohesión social, menos Estado e incremento sostenido de la injusticia y la exclusión social. La política y la democracia empezaron a ser derrotadas por la economía especulativa y los mercados financieros.

En España, la situación se nos antoja paradigmática. Los que gobernaron ayer acabaron asumiendo “por responsabilidad” los postulados del neoliberalismo. Los que lo hacen hoy ganaron las elecciones con un programa y gobiernan con otro. Un descarnado ejercicio de fraude democrático que en el caso del Gobierno de Mariano Rajoy parece no tener límites. En poco más de seis meses ha acabado con la arquitectura del derecho laboral que surgió de la transición democrática; hace más difícil la vida a las personas en paro; empobrece a la inmensa mayoría de asalariados y pensionistas; se muestra hostil con la inmigración; niega el presente y el futuro de los jóvenes; ensancha el territorio de la desigualdad entre géneros y vuelve a negar el derecho de las mujeres a decidir sobre el aborto; corta de raíz la cooperación al desarrollo; penaliza la actividad de los autónomos; ningunea la investigación y la ciencia; abandona a las personas dependientes y a quienes les atienden; arrincona la cultura; deteriora los servicios públicos y asesta un duro golpe a la educación y sanidad públicas; cuestiona y/o niega derechos y libertades en una acusada deriva autoritaria; exhibe una voluntad enfermiza de perseguir a los sindicatos y colectivos de representación ciudadana; se obsesiona con el déficit; olvida la inversión pública, la actividad económica y el empleo; camina inexorablemente hacia los 6 millones de parados a finales de 2012. Y todo ello para tratar de encontrar la confianza de los mercados financieros y de la Unión Europea, que no solo no logra, sino que recibe a cambio humillación y desprecio.

En Aragón, los brutales efectos socioeconómicos de las políticas de recortes del Gobierno Rajoy tienen su reflejo en las políticas que está desarrollando el Gobierno Rudi, centradas en el desmantelamiento de los pilares del Estado del Bienestar, la privatización del sector público y en el nulo respeto a las demandas de la ciudadanía organizada.

El violento ataque a la estructura educativa y sanitaria pública -que nos roba nuestro futuro y nuestra calidad de vida-, la demonización de los servicios y los trabajadores públicos, los exagerados recortes en materia cultural, la parálisis en la atención a la dependencia, el cierre precipitado de la actividad minera que deja sin alternativas a algunas comarcas, la ausencia de una política industrial realista y consensuada con los agentes sociales, el desprecio por el diálogo social territorial, el retroceso en los servicios sociales y la falta de sensibilidad hacia la realidad que sufren las personas dependientes, con discapacidad, en riesgo de exclusión o menores…, son malas prácticas políticas del Gobierno de Aragón que destruyen nuestra cohesión social, contribuyen a profundizar en las desigualdades e impiden que salgamos de la crisis de una forma sostenible.

Ha llegado el momento de decir basta. Así lo demuestran miles de ciudadanos y ciudadanas que salen a la calle en distintos puntos del país -quizás por primera vez en mucho tiempo- para defender sus derechos. El 19 de julio fueron millones de personas las que llenaron las calles de España para rechazar los recortes del Ejecutivo. Y en agosto volverán a salir manifestarse a pesar del periodo estival.

No vamos a parar. En septiembre, las organizaciones que hemos participado en la Cumbre Social nos proponemos intensificar la movilización social y democrática para hacerla más contundente y masiva. Recurriremos a todos los instrumentos que la Constitución pone en nuestras manos y expresaremos el firme rechazo de la mayoría de la sociedad a unas medidas que arruinan la economía, contraen el consumo y quiebran el modelo de convivencia de los últimos 35 años. EL 15 DE SEPTIEMBRE CENTENARES DE MILES DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS MARCHARÁN A MADRID DESDE TODOS LOS RINCONES DE LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA PARA DECIR NO A TANTA INJUSTICIA. De inmediato emplazaremos al Gobierno a que no prolongue ni profundice una política tan ineficaz como injusta y convoque un referéndum para que la ciudadanía se pronuncie sobre las medidas aprobadas. Si no lo hiciera, seremos las organizaciones de la Cumbre Social las que llevemos a cabo la convocatoria de una CONSULTA POPULAR y con el resultado de la misma actuar en consecuencia. ASÍ NO SE PUEDE SEGUIR.

Zaragoza, 26 de julio de 2012

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